Interculturalidad en tiempos de crisis

El pasado 21 de mayo de 2010, AISPAZ de León organizó una conferencia titulada “Interculturalidad en tiempos de crisis” a cargo de Mikel Mazkiaran, abogado especialista en temas de inmigración y miembro de SOS Racismo de Guipúzcoa.

Para iniciar su exposición, el ponente mostró cifras procedentes del Ministerio de Trabajo, tales como que frente a un 20,05% de parados nacionales, hay un 30,8% de extranjeros en situación de desempleo. Las tres nacionalidades con más parados son Marruecos (16%), Ecuador (13%) y Rumania (10,77%). De ellas, Marruecos y Rumania son las más numerosas entre los 5 millones de inmigrantes que viven en España.

De todos los contratos realizados en España en este año, tan sólo el 21% los han suscrito trabajadores extranjeros, aunque en algunas provincias el porcentaje sube (Murcia, 45%).

¿Cómo se distribuyen los desempleados por sectores? El sector Servicios tiene un 18% de parados extranjeros, Industria un 36% y Construcción un 34%. Sin embargo, en Agricultura ha crecido el empleo de extranjeros en un 3,74% en el último año.

¿Cómo es nuestra inmigración? Es tan poco cualificada como nuestro mercado. En los años del milagro económico español, de 1994 a 2008, en que el PIB creció entre un 2 y un 3%, los rasgos de la economía española eran su escasa productividad y competitividad, así que de haber venido inmigrantes muy cualificados no habrían podido colocarse: ha venido el tipo de inmigración que el mercado español necesitaba.

¿Cómo se han acoplado los inmigrantes a nuestro tipo de economía? Francisco Torres lo ha definido con su teoría de las 3 “P”: aceptando los trabajos más penosos, precarios y mal pagados.

En los primeros años de la llegada de inmigrantes se ha producido una situación de complementariedad en relación con los trabajadores autóctonos: al hacerse cargo de los trabajos más penosos, precarios y mal pagados, los extranjeros han permitido que los españoles pasaran a ocupar mejores puestos de trabajo: las mujeres españolas han podido entrar en el mercado laboral gracias a las extranjeras que se hacían cargo del cuidado de sus hogares, sus niños y sus ancianos y los empleados agrícolas españoles han podido acceder a la construcción porque las tareas del campo las hacía la población inmigrante (la recogida de la fresa, por ejemplo). Es decir: en el pasado no hubo competitividad sino complementariedad entre trabajadores autóctonos y extranjeros.

También el Estado salió beneficiado con la inmigración (por ejemplo, ahorrando en residencias públicas para ancianos que durante años son cuidados en sus domicilios por extranjeras). En este apartado, además, se ha producido una transnacionalización de los sentimientos: las extranjeras han abandonado a sus niños y ancianos en los países de origen para venir a cuidar  otros niños y ancianos aquí, fenómeno que supone una tragedia en los países de origen.

¿Por qué afecta tanto la crisis a los inmigrantes? Según el Instituto Elcano, aunque la crisis es para todos, hay algunas características de los inmigrantes que hacen que la crisis les afecte más. En primer lugar, su mayor dependencia de las rentas del trabajo, ya que cuando pierden el salario pierden su única fuente de ingresos (su volumen de ahorro es reducido debido a las remesas que envían a sus países de origen).  El segundo lugar, la mayoría tiene una trayectoria laboral breve y por tanto una antigüedad reducida (muchos se legalizaron en 2005), lo que limita su acceso a prestaciones como la del desempleo. Además, carecen de redes sociales de apoyo (su familia extensa no vive en España) y su estatus administrativo es provisional, por lo que sus dificultades laborales les acarrea una irregularidad sobrevenida al no poder renovar sus permisos (y hablamos al menos del 30% de los inmigrantes que carece de la tarjeta permanente).

Así, frente al modelo de la complementariedad de los trabajadores extranjeros con los autóctonos se está imponiendo un modelo de competitividad: con la crisis, los españoles regresan a sus pueblos y reclaman sus antiguos puestos de trabajo (el albañil se ve obligado a volver a la recogida de la fresa), exigiendo el desplazamiento de los trabajadores extranjeros.

La actual Ley de Extranjería trata a los inmigrantes según el modelo Kleenex, como si fueran pañuelos de usar y tirar, con un criterio utilitarista: el inmigrante nos sirve cuado hay trabajo, pero cuando no lo hay no sirve. Hace años, el Gobierno manifestaba que España tenía una deuda con la inmigración, a cuya contribución se debía un crecimiento de 3 puntos del PIB y que garantizaban las pensiones y el relevo generacional. Hoy ese discurso se considera fuera de lugar, ya nadie habla de la pasada contribución de los extranjeros al bienestar del país.

A los inmigrantes se les pide que vengan a trabajar, no a vivir: no hay trabajo y se les plantea el retorno voluntario, falla éste y al 30% de la población inmigrante que no tiene permiso permanente se le deniega la renovación. Estas denegaciones están creando graves problemas sociales, ya que arrastran a familias completas, incluyendo a niños escolarizados. Pero en contra de la temporalidad de permanencia que contempla la Ley de Extranjería, los inmigrantes han venido para quedarse. Numerosos estudios avalan esta tesis.

Por otro lado, según la Encuesta Nacional de Inmigración (ENI) de 2007, el 83,9% de los extranjeros que llegó a España en aquellos años lo hizo sin contrato pero el 35,3% de ellos encontró trabajo en los 15 primeros días de su estancia en el país. Estos datos se contraponen a las políticas de cupos regulados por la Ley: es decir, que aun siendo desordenados, los flujos migratorios se autorregulan. En la actualidad se observa que se ha ralentizado la entrada de inmigrantes y ello no es como efecto del sistema de visados ni de la Ley de Extranjería, sino otro ejemplo de autorregulación: no hay trabajo y no vienen.

 Otra característica de nuestra inmigración es su movilidad geográfica: se va adonde hay trabajo, sea a otra zona del país, de Europa o de otro continente (se observa, por ejemplo, un aumento de las migraciones a países como EAU).

 Por último, hay equilibrio entre las entradas y salidas de inmigrantes. Según ha escrito recientemente Antonio Izquierdo en el diario Público, en 2009 llegaron 450.000 inmigrantes y se marcharon 400.000. Es decir,  que además del retorno regulado por el Decreto de 2008 (que al ser una forma de capitalizar el paro sólo interesaría a los inmigrantes que llevan muchos años en España, que sin embargo harán lo que sea para aguantar los efectos de la crisis sin tener que abandonar el país), hay otro retorno espontáneo, no cuantificado, de personas que han llegado recientemente, han visto lo que sucede y se van. La situación actual dista mucho de los crecimientos exponenciales de los años anteriores.

 ¿Qué piensa la población española de los inmigrantes? Según encuestas de la Fundación BBVA y del Observatorio sobre Racismo y Xenofobia, piensan lo mismo que las poblaciones autóctonas de otros países receptores de inmigración (Estados Unidos, Reino Unido, Italia): hay consenso respecto a la expulsión de los irregulares; se piensa que hay excesiva inmigración y respecto a los regularizados, 4 de cada 10 encuestados piensa que hay que proceder según la coyuntura: si son parados de larga duración deben retornar a sus países de origen. Es decir, que el modelo Kleenex está arraigado en la población. Respecto al tipo de inmigración, se prefiere a la que comparte valores con la población española. Y consideran que la extensión a ellos de derechos sociales y de ciudadanía contribuiría a su integración.

 Veamos la contribución a la integración de los inmigrantes que hace la Ley de Extranjería promulgada a finales de 2009: plantea unos sistemas de contratación alejados de la realidad, como son las contrataciones en origen, que ya no hay, los puestos de difícil cobertura son hoy inexistentes; plantea además el llamado “esfuerzo de integración”, una entelequia que comprende desde el aprendizaje del idioma al de los valores occidentales (pero, ¿qué son los valores occidentales?), y que además exigimos a quienes no dejamos ni trabajar ni vivir: ¿puede servir para algo esa integración impuesta?

 La integración regulada por la Ley terminará diluyéndose y dejando un poso de apartheid jurídico. Se creará un abismo entre trabajadores, entre los irregulares o que no superen el esfuerzo de integración y los altamente cualificados que reclama el grupo de expertos en el que se encuentra el ex presidente González: “necesitamos inmigrantes altamente cualificados, pero articularemos mecanismos para que los países de origen no se sientan especialmente mermados”. Esta declaración trata de ocultar la realidad de que nos disponemos a potenciar la fuga de cerebros de países del Tercer Mundo: dejaremos sin médicos a países africanos, por ejemplo, pero trataremos de ocultar los efectos negativos que ello supondrá en su desarrollo, una contradicción con las políticas de cooperación al desarrollo.

 A modo de conclusión, las políticas públicas de integración deberían basarse en razones éticas de justicia y solidaridad, tendentes a la articulación de una sociedad cohesionada y democrática en la que los inmigrantes vieran reconocidos sus derechos de ciudadanía, entre ellos el derecho a votar en las elecciones, y fueran tratados más como convecinos que como extranjeros, que se sintieran parte de nuestra sociedad, que sufrieran la actual crisis en las mismas condiciones que cada uno de nosotros.

 Un planteamiento así sería también pragmático, porque como reconocen los sociólogos, los inmigrantes han venido para quedarse. Cuanto antes lo entiendan los poderes públicos, mejor nos irá a todos.

(Publicado en el número 4 de la revista EL LIBRO DE IBN KHALDUN, Agosto de 2010).